Historia de A. Magaña
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, levantó una fuerte polémica al referirse como «narrativa perversa» la posibilidad de que ciudadanos sean sancionados penalmente por participar en la elección del Poder Judicial. Durante una conferencia el lunes 13 de enero, Taddei expresó su desacuerdo con estas amenazas, señalando que contradicen los principios democráticos fundamentales.
“Es el colmo de los absurdos pensar que participar en una elección pueda ser motivo de castigo. No podemos caer en la tentación de seguir esa narrativa”, afirmó con contundencia.
Reforma judicial y las implicaciones legales
El origen del conflicto radica en la reforma judicial impugnada, cuya aplicación sigue generando controversias. Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), la participación de ciudadanos como funcionarios de casilla podría derivar en responsabilidades legales, amparadas en la Constitución y la Ley de Amparo.
La Jufed argumenta que su postura no busca amenazar, sino prevenir que personas de buena fe enfrenten vulnerabilidad jurídica. “Calificar esta postura como ‘perversa’ refleja una incomprensión de nuestras funciones o, peor aún, un intento por desvirtuar nuestras obligaciones legales”, subrayaron en un comunicado.
Libertad democrática vs. narrativas restrictivas
Guadalupe Taddei enfatizó que sancionar a ciudadanos por ejercer su derecho a votar o colaborar en el proceso electoral sería un atentado contra la democracia. Comparó la situación con penalizar a periodistas por informar sobre la reforma judicial, calificándola de absurda y contraria a los valores constitucionales.
En respuesta, organizaciones como la Jufed han reiterado que no buscan limitar la participación, sino garantizar el cumplimiento del marco legal vigente. Esta diferencia de posturas ha polarizado la discusión pública, con sectores que defienden la prevención jurídica y otros que ven estas acciones como un intento de coartar la libertad ciudadana.
¿Qué está en juego?
La polémica refleja una tensión creciente entre la independencia de los poderes y el respeto a los derechos ciudadanos. Por un lado, está la defensa de las decisiones judiciales; por el otro, la protección de los principios democráticos fundamentales.
Aunque no se han reportado sanciones hasta el momento, este debate abre un cuestionamiento crucial: ¿dónde está el límite entre garantizar el cumplimiento de la ley y proteger las libertades individuales?
