Vic Gerardo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio para la atención de personas adultas mayores que participan en procesos penales. El Pleno resolvió que este sector de la población tiene derecho a una protección reforzada, por lo que las autoridades judiciales deberán evaluar las condiciones particulares de cada caso antes de tomar decisiones.
La resolución surgió al analizar el Amparo Directo en Revisión 7330/2025. A partir de este asunto, la Corte precisó que la edad, el estado de salud y otros factores relacionados con la vulnerabilidad de una persona adulta mayor requieren una atención diferenciada dentro del sistema de justicia.
De acuerdo con la SCJN, la protección no dependerá únicamente de la edad. Los jueces deberán realizar una evaluación individual para identificar si existen barreras que puedan afectar la participación de una persona durante el proceso penal.
Apoyos más allá de la defensa legal
Como parte del criterio aprobado, la Corte señaló que las autoridades jurisdiccionales deberán informar a las personas adultas mayores sobre la posibilidad de recibir asistencia de personal especializado en derechos de este grupo de población.
La finalidad de esta medida consiste en garantizar que quienes enfrentan un proceso penal cuenten con herramientas adecuadas para comprender el procedimiento y ejercer plenamente sus derechos.
La SCJN indicó que las condiciones de vulnerabilidad pueden variar entre una persona y otra. Por ello, los apoyos deberán responder a las circunstancias específicas de cada caso y no aplicarse de manera uniforme.
Según la resolución, las autoridades también deberán identificar obstáculos relacionados con la edad, limitaciones físicas o condiciones de salud que puedan influir en el desarrollo del proceso judicial.
La protección no se limita a un abogado
El máximo tribunal del país señaló que la defensa adecuada de una persona adulta mayor no se reduce a la asignación de un abogado. La protección exige medidas adicionales cuando las circunstancias lo requieran.
Entre esas acciones pueden incluirse ajustes procesales y mecanismos de apoyo que permitan una participación efectiva dentro del procedimiento penal. La aplicación de estas medidas dependerá de la evaluación realizada por la autoridad judicial.
La Corte destacó que el objetivo consiste en garantizar condiciones de igualdad para las personas adultas mayores frente a otros participantes del proceso y evitar que factores asociados a la edad generen desventajas.
Con este criterio, la SCJN fijó una referencia para los tribunales del país en casos donde intervengan personas adultas mayores, quienes podrán acceder a medidas específicas de protección cuando enfrenten situaciones de vulnerabilidad dentro de un proceso penal.
VGB
La Corte fija nuevas reglas para proteger a adultos mayores en procesos penales | La Silla Rota
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