En Tijuana, Baja California, asociaciones civiles y autoridades locales se preparan para enfrentar una posible crisis migratoria derivada del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Durante la semana pasada, Trump anunció el nombramiento de funcionarios clave como Tom Homan y Stephen Miller, quienes son conocidos por implementar políticas de deportación masiva y separación familiar en su administración anterior.

José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, denunció la falta de apoyo del Gobierno federal, una situación que, según el activista, comenzó durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, cuando se retiraron recursos destinados a organizaciones que atienden a migrantes.

“El abandono de la frontera viene de años atrás. No solo se han retirado apoyos, sino que tampoco se cuenta con un plan ante la posible oleada de deportaciones”, declaró García Lara.

Las autoridades locales, en coordinación con organizaciones civiles, han sostenido reuniones para diseñar estrategias, pero García lamentó la ausencia de la Federación en estas mesas de trabajo. “Es crucial saber qué programas y acciones implementará el Gobierno federal para enfrentar este reto”, añadió.

Por su parte, Hugo Castro, fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, señaló que el uso de la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas para tareas migratorias solo agrava la vulnerabilidad de los migrantes, quienes buscan medios alternativos para cruzar la frontera, muchas veces quedando en manos de traficantes de personas.

La incertidumbre aumenta entre las comunidades migrantes en la frontera, especialmente ante la inminente implementación de políticas migratorias más estrictas por parte de la administración de Trump a partir de 2025.