Y es que el INE se quedó atrapado ante la inacción de la Suprema Corte y la ambigüedad del Tribunal Electoral, pues los dos máximos tribunales que deberían darles claridad, dejaron intactas las decenas de suspensiones que le impiden continuar y que los obliga a mantener paralizada la organización del proceso electoral judicial.

Ayer miércoles, el Consejo General del INE se reunió en privado para abordar las diferentes vías con las que pueden dejar de estar atados en este proceso. 

La mayoría, coincidió en que lo mejor, es explorar recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraigan y resuelvan todas las suspensiones, pues tienen evidencia de la inacción de los juzgados y tribunales colegiados para darles respuesta a sus impugnaciones.

El consejero Arturo Castillo explicó a MILENIO que la vía sería una excitativa de justicia, para exponer ante la SCJN que desde hace casi dos meses, presentaron la primera impugnación y a la fecha, el INE sigue esperando una respuesta.

“No es un recurso formalmente hablando, es un escrito en el que le solicitas a la Corte que atraiga los amparos y que resuelva lo antes posible; porque mientras más tiempo pase, más difícil va a ser organizar la elección y esto viene en detrimento de todo mundo, del Instituto Nacional Electoral, de los electores, de la transición hacia este nuevo modelo de Poder Judicial que se está implementando, es en perjuicio literalmente de todos y creo que tenemos que, por nuestra parte, y como autoridades denominadas responsables en estos amparos, tenemos que buscar que se resuelva lo antes posible y de una forma consistente Porque si nos vamos de uno por uno, son más de 260 y nunca vamos a acabar.

“Porque el Instituto ya impugnó desde hace mucho tiempo todos los amparos, se interpusieron las quejas y los recursos de revisión que resultaban procedentes en los casos y están pendientes de resolución en los tribunales. Aquí hay un tema de varias vías, si esto se trata de tener justicia pronta y expedita como dicta la Constitución, los tribunales tuvieron que haber resuelto nuestras quejas, la última instancia es la Corte pero es ante la inacción de los tribunales, cualquiera que sea la resolución, pero el punto es: resuelve”.

El consejero detalló que aunque pareciera que la resolución de la Suprema Corte de dejar intacta la reforma judicial sería suficiente, sin embargo, para el INE no. 

Lo es porque “no hubo un pronunciamiento de fondo, en realidad no se sentó ningún precedente obligatorio, y en palabras de varios de los propios ministros, los amparos siguen su curso, siguen vivos y por lo tanto, la suspensiones siguen vigentes”.

Por lo que en la mesa de consejerías, él mismo insistió en lo que ha venido pidiendo desde hace semanas, respecto a que el INE tiene que actuar de una manera más contundente para que dejen de estar paralizados.

“Claro que tenemos que actuar, llevo semanas diciendo que tenemos que acudir a la Corte, para que atraigan los amparos y resuelva en definitiva sobre su procedencia e improcedencia, tenemos que, por lo menos, promover una excitativa de justicia. Yo sigo insistiendo con esto porque nosotros como consejeros por la vía individual no podemos actuar porque no tenemos la representación legal del Instituto, tiene que salir por esa vía y yo seguiré insistiendo”.

La consejera Claudia Zavala coincidió con este análisis y explicó que el Consejo General acordó ordenar a la Dirección Jurídica del INE que haga un análisis puntual de cómo deben actuar de manera más eficiente, pues la acción de constitucionalidad que se resolvió el martes en la SCJN sólo determina que la reforma judicial es vigente, pero esto, no desactiva la parálisis a la organización del proceso electoral.

“Pero por el otro lado tenemos los juicios de amparo en los que personas en lo particular, van alegando la protección respecto de esa reforma que afecta sus derechos, en esas suspensiones el análisis debe ser muy cuidadoso para ver qué va a hacer el INE por los efectos, sobre todo las que tienen nombre y personas atrás.

“En esa medida hemos pedido a la Dirección Jurídica que nos diga cuál es el alcance de la suspensiones para que nosotros podamos definir si hay alguna cuestión que nos siga deteniendo con el proceso y entonces, poder ir a la Corte y pedirle que resuelva este tema y nosotros poder tener claridad para no incurrir en algún desacato”.

Zavala detalló que hasta la noche del miércoles, no han recibido la notificación del juez que les impone una multa de 54 mil pesos a cada consejería por desacato, lo que dijo, vuelve todavía más urgente que el INE sea cuidadoso, pues esta multa no tiene razón, si el Consejo General no ha tomado ninguna decisión sobre la elección judicial y ni siquiera ha instalado la Comisión Especial que tendrá a su cargo el proceso.

Las suspensiones amagan al Consejo General con que además de aplicarles multas económicas, podrían imponerles otras consecuencias administrativas y penales, como llegar a una sanción de tres a nueve años de prisión, la destitución de sus cargos o la inhabilitación de tres a nueve años para cargos públicos.

Por lo que, por prudencia y precaución, por el momento, el INE mantendrá la elección judicial en pausa, hasta que determinen la ruta para que la Suprema Corte resuelva si tienen un blindaje jurídico y legal para que puedan reactivar el proceso sin ninguna consecuencia.

“Para nosotros el tiempo es oro, cada día que pasa es un día que nosotros, como institución responsable de llevar a cabo un proceso electoral tan novedoso, tan complejo como el que hoy tenemos en frente, es importantísimo que los tribunales den certeza respecto del actuar del INE, para que podamos formalizar todos estos trabajos que debemos hacer para la elección”, agregó la consejera Zavala.