ERNESTO VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La presidenta Sheinbaum ha repetido con firmeza que México puede enfrentar en solitario la crisis de seguridad. Defiende la no injerencia extranjera como un principio irrenunciable de soberanía.
El argumento conecta con la tradición diplomática mexicana y con una vena nacionalista que suele emocionar. La realidad transita, por desgracia, por un sendero distinto. Los números son implacables. En 2024 se registraron 33,241 homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes, según el INEGI (INEGI 2025). Y aunque el gobierno presume reducciones parciales, México aparece en el lugar 136 de 163 países en el Global Peace Index 2025 (GPI 2025). Ahí está la contradicción: discursos que apelan a la soberanía frente a hechos que revelan pérdida de control territorial.Véase si no.
Primero. Se diga lo que se diga, la palabra “injerencia” se ha convertido en un tabú. Se repite en la tribuna como si aceptar cooperación fuera un acto de rendición. Pero la propia Constitución mexicana, desde la Constitución de 1857 (Artículo 72, fracción XVI) daba facultades al Congreso de la Unión para el ingreso de fuerzas armadas extranjeras y en la Constitución de 1917 ahora en su artículo 76, fracción III – el cual no ha sufrido reforma alguna y sigue vigente- esa atribución pasó al Senado.
Es decir, no sería cesión, sino un ejercicio soberano ahora en circunstancias extraordinarias. Y pocas veces como ahora México ha enfrentado circunstancias tan graves. El Índice de Paz México 2025 sostiene que 14 estados de 32 tienen zonas, en mayor o medida, dominadas por grupos delincuenciales. Cabe decir que, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ningún municipio (condado) donde el Estado haya cedido el gobierno al crimen organizado Aceptar apoyo de Estados Unidos, el principal socio comercial de México no significa entregar la conducción del país. Significa sumar inteligencia, tecnología y fuerza táctica para operaciones concretas, quirúrgicas. Y queda claro que EU no lo hace por empatía, sino por necesidad estratégica para reducir la migración irregular a ese país.
Dos razones distintas. El mismo resultado: recuperar la paz perdida. Colombia recurrió a ello en los noventa para desarticular cárteles que amenazaban con capturar al Estado. Italia, en su guerra contra la mafia, buscó cooperación internacional para combatir las redes financieras criminales. ¿Perdieron soberanía? No. La reforzaron al recuperar control interno. Aquí, en cambio, se insiste en el purismo retórico. Se prefiere hablar de soberanía mientras se permiten funerales diarios. La verdadera soberanía no consiste en rechazar ayuda por orgullo, sino en garantizar que las familias vivan sin miedo. ¿Qué es más patriótico cerrarse a toda cooperación para salvar la retórica, o usarla de manera regulada para salvar vidas?
Segundo. Basta recorrer muchas regiones para entender el tamaño del problema. En esos lugares la soberanía no se discute: se perdió hace tiempo. El Índice de Paz México 2025 es claro: la tasa de homicidios es hoy 54.7 % más alta que en 2015 y los delitos cometidos con armas de fuego crecieron 71.2 % en la última década (MPI 2025).
En Colima, la tasa de homicidios con arma de fuego alcanzó 92.3 por cada 100 mil habitantes en 2024, la más alta del país. Mientras tanto, el gobierno informa que de septiembre de 2024 a mayo de 2025 los homicidios dolosos se redujeron en 25.8 %, es decir, 22 asesinatos menos por día (Gob.mx 2025). Suena alentador, pero incluso en abril de 2025 el promedio fue de 65.3 homicidios diarios (Gob.mx 2025). La reducción relativa no borra el hecho central: el Estado se ausenta en zonas enteras. La soberanía, invocada en el discurso, se evapora en el silencio de las comunidades sometidas.
Y cada día sin estrategia clara consolida la presencia de un poder paralelo que dicta reglas, horarios y precios. La situación de México refleja lo que Weber conceptualizó como la pérdida del monopolio legítimo de la violencia, condición esencial de un Estado de derecho. La proliferación de grupos armados organizados y su creciente influencia en la determinación de las dinámicas sociales, económicas y políticas locales constituye una manifestación tangible de lo que O’Donnell denominó «áreas marrones» —espacios donde la autoridad estatal resulta nominal o inexistente.
