Juan Chaidez Aispuro
En un movimiento que redefine la relación entre el sistema financiero y la política migratoria, el presidente Donald J. Trump ha firmado una orden ejecutiva que promete transformar la manera en que los bancos operan en Estados Unidos (EU): Todos se preguntan, ¿será el fin de las remesas a México y otros países del mundo?
Este martes 19 de mayo de 2026, la Casa Blanca emitió directrices que buscan restringir el acceso a servicios bancarios para migrantes indocumentados, marcando una nueva fase en la represión migratoria de la actual administración.
La medida no solo afecta a los individuos, sino que pone bajo la lupa los protocolos de identificación de las instituciones financieras más importantes del país.
Una nueva barrera en el sistema bancario estadounidense
La orden ejecutiva instruye directamente al secretario del Tesoro y a los reguladores financieros para que evalúen modificaciones profundas a la Ley de Secreto Bancario.
El objetivo central es fortalecer los programas de identificación de clientes (CIP, por sus siglas en inglés), obligando a los bancos a ser mucho más rigurosos antes de abrir una cuenta o procesar transacciones.
Bajo esta nueva directriz, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, deberá emitir recomendaciones formales para que las instituciones identifiquen patrones de «actividad sospechosa» vinculados a la situación migratoria de los usuarios.
Este endurecimiento busca que los bancos actúen como una primera línea de vigilancia, obligándolos a estar atentos a cualquier indicio que pueda ser considerado un delito bajo las leyes federales.
Aunque la administración ha presentado esto como una medida de seguridad, su aplicación práctica podría dejar a cientos de miles de personas fuera del circuito económico formal.
El dilema de las tarjetas consulares: Identificación bajo sospecha
Uno de los puntos más críticos de la orden de Trump es el cuestionamiento directo a las tarjetas de identificación consular extranjeras.
Durante años, estos documentos han sido aceptados por diversas instituciones financieras como una forma válida de identificación para personas que no poseen documentos estadounidenses.
Sin embargo, la nueva hoja informativa de la Casa Blanca insta a los reguladores a considerar los «riesgos» que estas identificaciones representan para la integridad del sistema financiero.
Al poner en duda la validez de las matrículas consulares, la administración Trump ataca directamente la principal herramienta que utilizan los migrantes indocumentados para acceder a servicios básicos como cuentas de ahorro o envío de remesas.
Esta medida podría forzar a los bancos a rechazar estos documentos, cerrando efectivamente la «llave del dinero» para una parte significativa de la población residente en el país.
El pulso entre la Casa Blanca y el sector bancario
La implementación de estas medidas no ha estado exenta de fricciones.
Informes previos indicaron que la administración Trump consideró inicialmente una propuesta mucho más radical: exigir a todos los bancos que recopilaran y verificaran formalmente el estatus migratorio y la ciudadanía de cada uno de sus clientes.
Sin embargo, esta idea enfrentó una feroz resistencia por parte de los grupos bancarios más influyentes del país.
Los prestamistas expresaron serias preocupaciones sobre la viabilidad técnica de verificar el estatus migratorio en tiempo real y, sobre todo, por los costos operativos que esto implicaría.
Además, el sector financiero advirtió sobre el posible daño a la economía nacional si se excluye masivamente a las personas del sistema bancario, lo que podría fomentar mercados informales y reducir la liquidez en ciertos sectores.
Ante esta presión, la orden final resultó ser menos estricta que los planes originales, aunque sigue representando un endurecimiento significativo de las reglas actuales.
Innovación y competencia: El nuevo horizonte de las Fintech
A la par de las restricciones para migrantes, Trump firmó una segunda orden judicial con un matiz distinto: promover la innovación financiera.
Según la Casa Blanca, esta medida busca simplificar las regulaciones y fomentar la colaboración entre las empresas de tecnología financiera (Fintech), los bancos tradicionales y los organismos reguladores.
La intención declarada es «facilitar mejor la competencia» en la prestación de servicios financieros, revisando procesos de solicitud que se consideran obsoletos.
Este giro hacia la simplificación regulatoria para las empresas tecnológicas ocurre en un momento de transición en la Reserva Federal (Fed).
Tras la salida de Jerome Powell el pasado 15 de mayo, la Fed ha sido instada a revisar los marcos que rigen las cuentas de pago de los bancos de reserva.
Mientras los migrantes enfrentan barreras más altas, las empresas digitales están ganando terreno.
Un ejemplo es la brasileña Nu Holdings Ltd. (Nubank), que ya cuenta con aprobación condicional para operar como entidad bancaria en EU, o el caso de Kraken, que recientemente obtuvo acceso a la infraestructura financiera como la primera entidad de activos digitales con una cuenta de propósito limitado.
El impacto económico de una exclusión financiera dirigida
La estrategia de la administración Trump parece ser dual: por un lado, utiliza el sistema bancario como una herramienta de control migratorio y, por otro, busca agilizar el mercado para nuevos actores tecnológicos.
Sin embargo, la instrucción a los reguladores para identificar «señales de alerta» en clientes migrantes podría generar desconfianza que afecte la estabilidad de las instituciones financieras locales.
Con la revisión de las llamadas «cuentas maestras simplificadas» que la Fed comenzó a explorar el año pasado, el sistema se encamina hacia una estructura más segmentada.
La gran incógnita para los analistas es si la exclusión de los migrantes indocumentados, motivada por la nueva orden ejecutiva, terminará por debilitar el consumo interno y la eficiencia de un sistema financiero que, según los propios bancos, depende de la inclusión y la transparencia para funcionar correctamente.
Antecedentes
Desde febrero y abril de 2026, medios como The Wall Street Journal y Semafor adelantaron que la administración Trump preparaba esta orden ejecutiva.
Los reportes iniciales indicaban que la medida podría aplicarse de forma retroactiva, obligando a los bancos a reverificar a millones de clientes activos. Sin embargo, asesores de la industria y grupos bancarios advirtieron que exigir pasaportes o pruebas de ciudadanía podría dejar a millones de estadounidenses y residentes legales fuera del sistema financiero.
Ante la presión sobre los altos costos operativos y el riesgo de exclusión masiva, la orden final firmada en mayo resultó ser una versión moderada que se enfoca en los programas de identificación (CIP) en lugar de una reverificación total inmediata.
Modificación a las leyes
La Ley de Secreto Bancario (BSA) es la principal legislación estadounidense contra el lavado de dinero, la cual exige a las instituciones financieras colaborar con el gobierno para detectar actividades ilícitas.
Históricamente, bajo las normas de ‘Conozca a su Cliente’ (KYC), los bancos no estaban obligados a verificar el estatus migratorio, aceptando documentos como las matrículas consulares emitidas por gobiernos extranjeros para abrir cuentas.
Al instruir al Tesoro a considerar estas identificaciones como un ‘riesgo’ y vincular la situación migratoria con ‘actividades sospechosas’, la nueva orden ejecutiva transforma a los bancos en un brazo de control migratorio.
Esto amenaza con destruir la principal vía de inclusión financiera para millones de migrantes que dependen de estas cuentas para el envío de remesas y el ahorro formal.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/trump-cierra-el-sistema-financiero-a-migrantes-e-impacta-a-bancos-en-eu-adi%C3%B3s-a-las-remesas/ar-AA23BXkY?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=da3223143eba4e60d9b567d461c4f75d&ei=114
