Marian Janely Díaz Domínguez
Desde el mes pasado, el gobierno de Estados Unidos autorizó a sus fuerzas militares a realizar detenciones de migrantes en un área fronteriza convertida en zona de defensa nacional.
Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 11 de abril de 2025, otorgó al Departamento de Defensa (DOD) el control de un tramo de tierra federal conocido como la Reserva Roosevelt, región que abarca partes de Nuevo México, Arizona y California, y que ha sido oficialmente reclasificada como “área de defensa nacional” con fines de seguridad fronteriza.
La decisión, sustentada en la Orden Ejecutiva 14167, permite a las fuerzas armadas patrullar el área, instalar infraestructura temporal y detener a personas que crucen la frontera de forma irregular. Aunque tradicionalmente el ejército estadounidense no tiene facultades policiales dentro del país, esta medida representa un giro en su rol, al involucrarlo directamente en acciones de vigilancia y contención migratoria.
El tramo vigilado, que mide aproximadamente 440 kilómetros cuadrados, funcionará como una extensión operativa del Fuerte Huachuca, ubicado en Arizona. Durante una fase de prueba de 45 días, los soldados desplegados en la zona delimitaron el territorio, patrullaron rutas de cruce ilegal y realizaron detenciones preventivas, entregando a los migrantes a las autoridades civiles correspondientes.
Vale la pena señalar que, el despliegue militar se extenderá por tres años, con funciones que incluyen la detección de personas, la vigilancia continua y la construcción de barreras provisionales. Según el memorando presidencial, esta operación tiene como objetivo “proteger la soberanía nacional frente a amenazas en la frontera sur, que incluyen la migración irregular y el tráfico de personas y drogas”.
La medida también contempla el uso de recursos militares para instalar sistemas de vigilancia y faculta a los comandantes para restringir el acceso de individuos considerados riesgos para la seguridad.
Esta operación en la Reserva Roosevelt, se realiza en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, las tropas brindan apoyo a estas agencias, especialmente durante periodos de alta presión migratoria. De acuerdo con la Casa Blanca, esta colaboración apunta a frenar el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales transfronterizas.
En este contexto, el exdirector interino del ICE, Tom Homan, ha sido nombrado asesor principal en seguridad fronteriza, liderando lo que ha denominado como la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
En declaraciones a ABC News en febrero pasado,el zar fronterizo advirtió que “la ira del presidente Trump va a caer. Los militares tienen la capacidad de borrarlos de la faz de la Tierra”, refiriéndose a posibles ataques de cárteles contra tropas estadounidenses. Añadió que las fuerzas armadas “deben protegerse”.
Durante una conferencia el 28 de abril desde la Casa Blanca, Homan detalló que en lo que va del segundo mandato de Trump se han deportado más de 139 mil personas, superando cifras del gobierno anterior. También señaló que se están aplicando sanciones para quienes permanezcan en el país sin documentos y no se registren ante el Departamento de Seguridad Nacional, con multas diarias de hasta 998 dólares y penalizaciones por ignorar órdenes de deportación.
