Orlando Samaniego
El Gobierno federal presentó al Congreso la Miscelánea Fiscal 2026, la cual incluye modificaciones significativas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con el objetivo de aumentar la recaudación y modificar hábitos de consumo hacia estilos de vida más saludables. La iniciativa contempla una recaudación proyectada de 142,595.2 millones de pesos, lo que representa un aumento de 38.2% respecto a las estimaciones para 2025. Entre las principales reformas destacan el aumento a los gravámenes del tabaco, bebidas saborizadas y la introducción de un nuevo impuesto para videojuegos con contenido violento, además de un fortalecimiento en la fiscalización para contrarrestar el contrabando.
Estas medidas buscan no solamente incrementar los ingresos públicos, sino también generar un impacto positivo en la salud pública mediante la reducción del consumo de productos que afectan la salud, siguiendo recomendaciones internacionales. La versión presentada plantea una revisión profunda de las tasas y cuotas específicas aplicadas a productos como el tabaco y las bebidas saborizadas, así como la implementación de nuevas cargas tributarias para sectores digitales que hasta ahora no eran gravados.
Aumento significativo en impuestos al tabaco y nuevas cuotas específicas
Uno de los aspectos más destacados de la Miscelánea Fiscal 2026 es el ajuste histórico en el impuesto al tabaco. El impuesto ad valorem aplicado al precio de fábrica de los tabacos labrados aumentará del 160% al 200%, acompañado de una cuota específica de 0.8516 pesos por cigarro. Esta combinación genera expectativas de recaudar 62,079.5 millones de pesos. De acuerdo con las estimaciones, estas modificaciones podrían reducir el consumo nacional de tabaco en un 7.3%, un efecto considerado relevante para mitigar los daños a la salud derivados del consumo.
El plan considera que esta cuota específica continúe aumentando paulatinamente hasta 2030, buscando que la carga fiscal total del tabaco supere el 75%, umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medida efectiva para la disminución del consumo. Estas medidas pretenden alinearse con las políticas internacionales para la prevención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Además, para mejorar la fiscalización y combate al mercado ilegal, se equipara a delito de contrabando la comercialización de cajetillas sin el código de seguridad correspondiente, una acción diseñada para frenar la venta ilegal que afecta la recaudación y fomenta el consumo sin control.
Nuevos gravámenes a bebidas saborizadas y videojuegos con contenido violento
La propuesta fiscal también incorpora un gravamen específico para bebidas saborizadas, aumentando la cuota gravable a 3.0818 pesos por litro, con lo que se espera una recaudación de 75,290 millones de pesos. Este impuesto es parte de una estrategia para enfrentar el consumo excesivo de bebidas azucaradas, considerando sus impactos en la salud pública como la obesidad y diabetes.
Por otra parte, el Ejecutivo incluyó un impuesto del 8% dirigido a servicios digitales de videojuegos con contenido violento, un sector que hasta ahora no estaba sujeto a este tipo de cargas. Si bien la recaudación estimada para este gravamen es más modesta —183 millones de pesos— representa una innovación fiscal en respuesta a las tendencias crecientes del mercado digital y a preocupaciones sociales vinculadas con ciertos contenidos.
El paquete también contempla un aumento en la tasa para actividades relacionadas con apuestas, que pasaría del 30% al 50% sobre el monto apostado o percibido, aunque no se detallan ingresos específicos para este rubro. En conjunto, estas medidas, sumadas a las del tabaco y bebidas saborizadas, permitirán alcanzar una recaudación aproximada de 80,497.7 millones de pesos (sin considerar el IEPS petrolero), un crecimiento sustancial respecto a 2025.
Importancia de la transparencia y seguimiento del uso de recursos
A pesar de las proyecciones favorables en términos de ingresos, el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presenta una advertencia relevante: la efectividad y aceptación social de estos impuestos saludables dependerán en gran medida de la transparencia con que se administre y utilice el dinero recaudado. Específicamente, plantea que la ausencia de un mecanismo claro que permita rastrear y verificar el destino de estos recursos limita su impacto esperado en la salud pública.
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Si los fondos obtenidos con estos impuestos no se aplican a programas concretos para mitigar los daños causados por el consumo de estos productos, existe el riesgo de que la población perciba estos tributos únicamente como medidas para encarecer productos sin un beneficio real mayor. Por ello, se recomienda que el Gobierno etiquete adecuadamente estos recursos y comunique de forma clara su destino hacia acciones que promuevan la salud y el bienestar, fortaleciendo así la confianza social en la política fiscal.
