El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Congreso del Estado de Sonora una iniciativa que busca modificar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de endurecer las medidas contra menores de edad involucrados en delitos graves como el homicidio doloso.
La propuesta, impulsada por los diputados Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Fernanda Sánchez Chiu, plantea la aplicación de prisión preventiva oficiosa para adolescentes a partir de los 12 años acusados de este delito, así como la posibilidad de imponer sanciones privativas de la libertad de hasta 10 años.
BUSCAN FRENAR DELITOS GRAVES COMETIDOS POR MENORES
De acuerdo con la iniciativa, lo que se pretende es fortalecer el marco legal ante el incremento de delitos de alto impacto en los que participan menores, garantizando que enfrenten procesos judiciales más estrictos y evitando que continúen en libertad mientras se resuelve su situación jurídica.
La prisión preventiva oficiosa implicaría que, al ser acusados de homicidio doloso, los menores permanezcan internados de manera automática durante el proceso, sin que un juez tenga que valorar otras medidas cautelares. Con ello, los legisladores buscan reforzar la seguridad pública, brindar mayor justicia a las víctimas y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a delitos graves.
Sin embargo, este tipo de propuestas suele generar debate, ya que especialistas en derechos humanos advierten que el sistema de justicia para adolescentes debe priorizar la reinserción social por encima de medidas punitivas.
AVANZAN OTRAS REFORMAS EN SALUD, NIÑEZ Y SEGURIDAD
En la misma sesión, el Congreso aprobó elevar la enfermedad celíaca a rango de interés público dentro de la Ley de Salud estatal, con el fin de mejorar la atención, diagnóstico y tratamiento de quienes padecen esta condición.
También se avaló la integración de Sonora al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, impulsado por legisladores de Morena, para garantizar el cumplimiento de la manutención infantil y proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Además, se presentó una propuesta para tipificar la cohabitación forzada de menores como delito, con sanciones de hasta 15 años de prisión, así como un exhorto a los 72 ayuntamientos para transparentar el estado de sus unidades policiales de género.
Estas acciones forman parte de un paquete de reformas orientadas a reforzar la protección de sectores vulnerables, mejorar la seguridad y hacer más eficiente la administración pública en la entidad.
Diario del Yaqui