Orlando Samaniego
La reciente publicación del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039 (PLADESE) en el Diario Oficial de la Federación marca un punto de inflexión en la política energética de México. Con la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre de 2024, el Estado mexicano retoma el control pleno sobre la generación, transmisión y distribución de electricidad. Esta medida transforma a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Empresas Públicas del Estado, consolidando su papel como entes estratégicos al servicio del interés nacional.
Redefiniendo la estructura del sector
De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), encabezada por Luz Elena González Escobar, el nuevo marco legal redefine la estructura del sector al devolverle a la Nación la rectoría sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A partir de esta reforma, las decisiones energéticas dejan de basarse en criterios de rentabilidad privada y se rigen por principios de soberanía, sostenibilidad y justicia energética.
Transformación de empresas públicas
El cambio más profundo radica en la transformación jurídica de las antiguas Empresas Productivas del Estado. CFE y PEMEX dejan atrás su régimen mixto —comercial y estatal— para operar como entidades plenamente públicas. Esto significa que su función principal ya no es generar utilidades, sino garantizar el suministro eléctrico y energético como un derecho ciudadano y un servicio público estratégico.
Transparencia y rendición de cuentas
La modificación también impone mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa. Estas empresas deberán coordinar sus inversiones y planes de expansión bajo la dirección de la SENER, que ahora asume la conducción vinculante de la planeación energética. En este nuevo esquema, las decisiones sobre infraestructura eléctrica, generación limpia y distribución deben responder al interés general, no a la lógica del mercado.
Hoja de ruta hasta 2039
El PLADESE 2025–2039 establece la hoja de ruta de la transición energética mexicana durante los próximos 15 años. Entre sus objetivos destaca que la CFE garantizará al menos el 54% de la generación eléctrica nacional, mientras el resto podrá ser cubierto por el sector privado o bajo esquemas de participación mixta. Esta proporción busca reforzar la seguridad energética y estabilizar las tarifas de consumo, evitando la dependencia de agentes externos o de combustibles importados.
Metas de modernización y energías renovables
El documento también define metas claras de modernización de redes, impulso a energías renovables y almacenamiento de energía. Además, integra la planeación con programas paralelos como el Plan México, el Programa Sectorial de Energía 2025–2030 y el Plan Nacional de Descarbonización, con el propósito de alinear la expansión de la infraestructura eléctrica a la reducción de emisiones y al acceso equitativo a la electricidad en todo el país.
Impacto social y territorial
La reforma energética incorpora, por primera vez, un enfoque de justicia social y territorial a través de la Matriz de Impacto Social y Sustentabilidad Energética (MISSE). Este instrumento vuelve obligatoria la evaluación de los efectos sociales de cada proyecto eléctrico y exige planes de inversión social vinculantes, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas.
Beneficios para las comunidades
Así, la expansión del sistema eléctrico deberá traducirse en beneficios tangibles para las comunidades, como empleo local, infraestructura social y acceso universal a la energía. El objetivo, según SENER, es que la planeación del sector eléctrico deje de ser un proceso técnico cerrado y se convierta en un ejercicio participativo que atienda las desigualdades territoriales.
Soberanía energética
En términos estratégicos, la reforma y el PLADESE refuerzan el principio de soberanía energética al centrar la producción eléctrica en recursos nacionales, como el gas natural, la energía hidroeléctrica, solar y eólica. Asimismo, prevé el fortalecimiento de la red de transmisión, la digitalización del sistema eléctrico y la participación de la industria nacional en el desarrollo tecnológico, particularmente en áreas como baterías de litio, movilidad eléctrica y eficiencia energética.
Compromisos internacionales
Este nuevo modelo, alineado con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, busca equilibrar la independencia energética con los compromisos internacionales de mitigación climática. La reforma eléctrica, por tanto, no sólo redefine la estructura del mercado, sino que marca el retorno del Estado como protagonista absoluto del sector energético mexicano, asegurando que la electricidad y los recursos energéticos se administren como bienes públicos, con un enfoque de desarrollo sostenible y justicia social.