Francisco Montaño
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de una reforma integral en materia hídrica, con el propósito de frenar la comercialización privada de concesiones de agua y reforzar el carácter público del recurso.
En el marco de su primer informe de gobierno, la mandataria detalló que se presentará una nueva Ley General de Aguas, así como modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de “recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso más estratégico para la nación”.
Fin a la compraventa de concesiones
De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, la propuesta prohibirá explícitamente la transmisión de concesiones entre particulares.
Esto significa que, en caso de que una empresa, industria o terreno con título de agua sea vendido, el nuevo propietario no podrá heredar automáticamente dicho derecho, sino que deberá tramitar una nueva concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“El agua es un derecho humano y un bien público, no una mercancía. Con esta reforma se acaba el mercado del agua que se abrió en 1992 y que permitió que las concesiones se convirtieran en instrumentos de especulación”, sostuvo Godoy.
Nuevos delitos hídricos y sanciones
El paquete legislativo también contempla la creación de la figura de “delitos hídricos”, con penas de hasta 10 años de prisión para quienes participen en el robo, desvío o mercado negro de agua. Las sanciones se agravarían en caso de servidores públicos involucrados en dichas prácticas.
Asimismo, la reforma prevé que estos delitos puedan ser perseguidos bajo la ley de extinción de dominio, con lo que el Estado podría recuperar infraestructura y bienes utilizados en actividades ilegales relacionadas con el agua.
Registro Nacional del Agua y transparencia
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un Registro Nacional del Agua, con el fin de transparentar la asignación de concesiones y evitar actos de corrupción. Este registro permitirá a la ciudadanía conocer qué empresas, industrias o particulares cuentan con títulos, cuánta agua se les autoriza y en qué zonas del país.
El proyecto será turnado a la Cámara de Diputados en los próximos días, donde se anticipa un intenso debate político. Morena y sus aliados respaldan la medida, mientras que algunos sectores empresariales han manifestado preocupación por el impacto que podría tener en industrias con alta demanda hídrica, como la agrícola y la minera.