Gerardo Cedillo Hurtado, reportero<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9xico.- El pleno del Senado aprob\u00f3 con 107 votos a favor una reforma para el sector ferroviario nacional, cuyo objetivo central es recuperar el control estatal sobre esta infraestructura estrat\u00e9gica.<\/p>\n\n\n\n
Entre los aspectos m\u00e1s destacados de la iniciativa se encuentra la creaci\u00f3n de la Agencia de Trenes y Transporte P\u00fablico Integrado (ATTRAPI), un nuevo organismo p\u00fablico descentralizado con autonom\u00eda t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n, que coordinar\u00e1 y fomentar\u00e1 el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el dictamen, la reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, considerada insuficiente para atender los desaf\u00edos de movilidad y conectividad del siglo XXI.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, el transporte ferroviario representa apenas el 19 por ciento del volumen total del transporte terrestre, situaci\u00f3n que limita su potencial log\u00edstico, econ\u00f3mico y ambiental.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, la reactivaci\u00f3n del transporte de pasajeros y la expansi\u00f3n de rutas en distintas regiones se consideran estrat\u00e9gicas para dinamizar el mercado interno, generar empleos y detonar el desarrollo regional.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los cambios m\u00e1s significativos introducidos por el nuevo marco legal es la facultad del Estado para asignar directamente a empresas p\u00fablicas los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros.<\/p>\n\n\n\n
Esto marca un giro respecto al esquema anterior, basado en concesiones privadas, y busca garantizar que la infraestructura construida permanezca bajo propiedad y operaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n
Dichas asignaciones ser\u00e1n indefinidas, no transferibles y los bienes desarrollados pasar\u00e1n autom\u00e1ticamente a formar parte del patrimonio nacional, incluidos patios de maniobra, estaciones y centros log\u00edsticos.<\/p>\n\n\n\n
Las reformas no solo consolidan el papel del Estado como planificador y operador, sino que tambi\u00e9n fortalecen sus capacidades regulatorias.<\/p>\n\n\n\n
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario adquiere nuevas atribuciones para imponer sanciones tanto a concesionarios como a quienes operen bajo asignaciones, permisos o autorizaciones.<\/p>\n\n\n\n
Las sanciones abarcan desde la revocaci\u00f3n por inactividad, cesi\u00f3n indebida de derechos o cambio de nacionalidad, hasta penalizaciones por pr\u00e1cticas anticompetitivas, tarifas no registradas o incumplimiento de indemnizaciones.<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos legislativos, las modificaciones alcanzan a una amplia gama de leyes: la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de V\u00edas Generales de Comunicaci\u00f3n y la Ley General de Bienes Nacionales.<\/p>\n\n\n\n
Esta armonizaci\u00f3n normativa pretende consolidar una visi\u00f3n integral y de largo plazo en materia de movilidad, sustentabilidad y desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la reforma representa un esfuerzo por revertir la desarticulaci\u00f3n del sistema ferroviario provocada por las pol\u00edticas neoliberales de d\u00e9cadas pasadas.<\/p>\n\n\n\n
Al reafirmar la funci\u00f3n estrat\u00e9gica del transporte ferroviario, el Estado mexicano busca garantizar su operaci\u00f3n con criterios de inter\u00e9s p\u00fablico, equidad territorial y soberan\u00eda nacional.<\/p>\n\n\n\n