Ana Castro<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos<\/strong>\u00a0(CNDH<\/strong>) alz\u00f3 la voz frente a la reforma penal aprobada recientemente en el estado de Puebla. Aunque reconoci\u00f3 la necesidad de establecer marcos jur\u00eddicos eficaces para prevenir y sancionar la violencia digital,\u00a0expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la redacci\u00f3n ambigua del nuevo art\u00edculo 480 del C\u00f3digo Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla,\u00a0<\/strong>el cual tipifica el delito de ciberasedio.<\/p>\n\n\n\n Este nuevo precepto establece penas de hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y sanciones econ\u00f3micas que podr\u00edan alcanzar los 300 d\u00edas de salario, en contra de quienes, por medios digitales, redes sociales u otras plataformas virtuales, profieran insultos, agravios u ofensas \u201ccon la insistencia necesaria para causar da\u00f1o f\u00edsico o emocional\u201d. Sin embargo, seg\u00fan la CNDH, esta redacci\u00f3n carece de precisi\u00f3n t\u00e9cnica y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que podr\u00edan dar lugar al uso del derecho penal como mecanismo indirecto de censura.<\/p>\n\n\n\n La cr\u00edtica principal<\/strong> del organismo se centra en la posible colisi\u00f3n entre esta norma y los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional, como la libertad de expresi\u00f3n, reconocida en el art\u00edculo 6\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos y el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La redacci\u00f3n actual del art\u00edculo 480 podr\u00eda generar un efecto inhibitorio en el ejercicio leg\u00edtimo de opiniones, denuncias o expresiones cr\u00edticas en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para la CNDH, el principio de legalidad penal exige que los tipos delictivos est\u00e9n definidos con precisi\u00f3n, sin dejar margen a la discrecionalidad ni permitir que se criminalicen conductas protegidas por los derechos humanos. Subraya que si bien es indispensable garantizar la integridad emocional, sobre todo de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, esta protecci\u00f3n no debe alcanzarse mediante disposiciones que puedan ser utilizadas para silenciar el disenso o castigar la cr\u00edtica social.<\/p>\n\n\n\n Por esta raz\u00f3n, el organismo nacional exhort\u00f3 al gobierno de Puebla<\/a> a revisar y reformular el art\u00edculo 480, con el fin de ajustarlo a los par\u00e1metros constitucionales y convencionales. La Comisi\u00f3n advirti\u00f3 que ya trabaja en la elaboraci\u00f3n de una Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad, en respuesta a las inquietudes leg\u00edtimas de periodistas, colectivos ciudadanos y especialistas en libertad de expresi\u00f3n que han denunciado el car\u00e1cter restrictivo de la llamada \u201cLey Censura\u201d.<\/p>\n\n\n\n