Diana Gante<\/p>\n\n\n\n
\u00a0El fen\u00f3meno conocido como huachicol fiscal<\/strong> se ha convertido en uno de los principales retos para las finanzas p\u00fablicas y la seguridad energ\u00e9tica en M\u00e9xico. Bajo esta pr\u00e1ctica, los combustibles ingresan al pa\u00eds disfrazados en fracciones arancelarias distintas \u2014como lubricantes u otros productos con menor carga fiscal\u2014, lo que permite a los importadores evadir impuestos millonarios<\/strong> . A diferencia del robo f\u00edsico de ductos que deton\u00f3 la estrategia de seguridad en sexenios pasados, este nuevo esquema opera a trav\u00e9s de documentos, clasificaciones aduaneras y complicidades institucionales. De ah\u00ed que muchos especialistas lo definan como una red invisible, sostenida en \u201ccontroles en papel\u201d que rara vez se traducen en acciones de campo.<\/p>\n\n\n\n El di\u00e9sel, producto estrella del contrabando energ\u00e9tico<\/p>\n\n\n\n Controles sobrerregulados, pero sin presencia en el campo<\/p>\n\n\n\n El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM) son las principales autoridades responsables de vigilar el ingreso de combustibles. Sin embargo, detr\u00e1s de esta actividad il\u00edcita existe una red compleja que involucra a empresarios en ambos lados de la frontera, agentes aduanales, elementos de la Marina y funcionarios federales, lo que dificulta desmantelar su operaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n El puerto de Altamira, Tamaulipas, se ha convertido en uno de los puntos neur\u00e1lgicos del huachicol fiscal por su cercan\u00eda con las refiner\u00edas estadounidenses del Golfo. En marzo pasado, las autoridades decomisaron all\u00ed un buque con 10 millones de litros de di\u00e9sel provenientes de Texas, un golpe que expuso la magnitud del contrabando. Si bien la pr\u00e1ctica incluye gasolina, el di\u00e9sel es el producto que m\u00e1s se trafica bajo estas modalidades. \u201cEl di\u00e9sel se puede comercializar en empresas de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, lo que permite colocar vol\u00famenes m\u00e1s grandes\u201d, explic\u00f3 Francisco Barn\u00e9s de Castro, miembro del Observatorio Ciudadano de la Energ\u00eda. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n A diferencia de la gasolina, que debe llegar casi siempre a estaciones de servicio, el di\u00e9sel encuentra m\u00faltiples puertas de entrada en el mercado, desde flotas de transporte hasta compa\u00f1\u00edas de log\u00edstica. Esta flexibilidad lo convierte en el producto predilecto de los contrabandistas. Las p\u00e9rdidas para el fisco son dif\u00edciles de dimensionar, pero fuentes del sector estiman que superan los miles de millones de pesos al a\u00f1o. Se trata de un boquete que, adem\u00e1s de afectar a las finanzas p\u00fablicas, distorsiona la competencia en el mercado energ\u00e9tico. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En respuesta, el gobierno federal ha implementado m\u00faltiples capas de regulaci\u00f3n para rastrear la procedencia del combustible. Los llamados controles volum\u00e9tricos del SAT, las inspecciones de la Profeco y la vigilancia de la Agencia de Seguridad, Energ\u00eda y Ambiente (ASEA) buscan garantizar que cada litro llegue al consumidor con trazabilidad. A pesar de esa arquitectura burocr\u00e1tica, la realidad es que la verificaci\u00f3n f\u00edsica es insuficiente. Expansi\u00f3n document\u00f3 recientemente que, en la pr\u00e1ctica, los consumidores cargan combustible sin poder corroborar su origen. La experiencia en la estaci\u00f3n de servicio se convierte en un \u201cacto de fe\u201d. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La multiplicidad de dependencias a\u00f1ade complejidad. Los permisionarios deben entregar informaci\u00f3n a Profeco, Asea, la Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda, el SAT y otras instancias, muchas veces con formatos distintos y datos duplicados. El exceso de papeleo termina por diluir el objetivo de control. Alicia Zazueta, CEO de eServices, considera que la soluci\u00f3n pasa por la digitalizaci\u00f3n. \u201cMuchas autoridades solicitan los mismos datos, solo que unos manuales, otros sistematizados, y si todo eso est\u00e1 montado en un solo sistema de informaci\u00f3n se podr\u00eda evitar la duplicidad y tener esa correcta trazabilidad\u201d, se\u00f1al\u00f3. En su visi\u00f3n, el SAT, con los controles volum\u00e9tricos, es la instituci\u00f3n mejor posicionada para rastrear discrepancias. Sin embargo, la coordinaci\u00f3n entre dependencias sigue siendo limitada y se concentra m\u00e1s en el escritorio que en el campo. Roc\u00edo Robles, presidenta de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), subray\u00f3 esa carencia. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u201cDicen que donde est\u00e1 el dinero es donde est\u00e1 el inter\u00e9s, y hay que analizar si donde est\u00e1 el presupuesto existe el recurso suficiente para hacer visitas de inspecci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3. Robles advirti\u00f3 que autoridades como la CNE o la ASEA carecen de presupuesto y personal para realizar inspecciones de campo. \u201cLo que necesitamos son acciones\u201d, insisti\u00f3 durante una conferencia de la organizaci\u00f3n Alliance. La especialista tambi\u00e9n pidi\u00f3 revisar estaciones de recarga de combustibles que operan en comunidades alejadas sin permisos. \u201cQue vayan a esas comunidades donde hay estaciones de servicio, tanto de gasolinas como de gas LP que no tienen permiso y que de repente llegan, sacan un tanque, ponen un dispensario y se ponen a vender\u201d, dijo. El fen\u00f3meno no se limita a zonas rurales. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n A lo largo de la carretera M\u00e9xico\u2013Puebla, ejemplific\u00f3 Robles, proliferan puntos de venta ilegal a la vista de cualquiera. \u201cEntonces d\u00f3nde est\u00e1 la Guardia Nacional, esa venta de combustible ilegal sucede en las carreteras\u201d, cuestion\u00f3. Los especialistas coinciden en que la sobrerregulaci\u00f3n actual genera m\u00e1s obligaciones administrativas que resultados tangibles. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En paralelo, los grupos criminales han perfeccionado mecanismos para burlar los sistemas de control, lo que agrava la percepci\u00f3n de impunidad. La falta de trazabilidad real, sumada a la limitada capacidad de inspecci\u00f3n en campo, provoca que la cadena de valor energ\u00e9tica se mantenga vulnerable. Desde la importaci\u00f3n hasta el punto de venta final, la l\u00ednea entre lo l\u00edcito y lo ilegal se vuelve difusa. Mientras tanto, las empresas formales enfrentan un doble reto: competir con precios distorsionados por el contrabando y cumplir con regulaciones que incrementan sus costos. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El riesgo, advierten analistas, es que el mercado se fragmente a\u00fan m\u00e1s en perjuicio del usuario. La expectativa es que los mecanismos de control evolucionen hacia esquemas m\u00e1s efectivos y digitalizados. Sin embargo, mientras los controles sigan siendo \u201cen papel\u201d y no en territorio, el huachicol fiscal continuar\u00e1 siendo una de las grietas m\u00e1s rentables del sector energ\u00e9tico mexicano.<\/p>\n\n\n\n